El pasado 10 de junio, Educación 2020 realizó el webinar “La ley ya existe, la escuela protegida ¿también?”, instancia que convocó de manera virtual a Ingrid Olea, Directora Ejecutiva de la fundación; Fernanda Ramírez, profesora de College e Ingeniería UC; y Francisco Silva, Director del Colegio Fernando Silva Castellón. La conversación fue moderada por Francisca Koppmann, asesora de estudios e incidencia de la organización, quien abrió el encuentro presentando evidencia sobre violencia escolar. Entre los datos expuestos, destacó que durante 2025 el 54,6% de los establecimientos reportó incidentes que requirieron intervención policial. En este contexto, la Ley de Escuelas Protegidas ha sido posicionada como una iniciativa de alta urgencia política, actualmente en revisión por el Tribunal Constitucional. Su debate, sin embargo, se instala sobre dos miradas respecto al origen del problema: una que lo entiende como un déficit de autoridad y herramientas, y otra que lo concibe como un fenómeno estructural y multifactorial que requiere un abordaje integral. Principales componentes de la normativa A grandes rasgos, la ley contempla seis ejes principales: la revisión de mochilas y pertenencias; facultades de apoyo e intervención policial; gestión colaborativa entre actores educativos y la Superintendencia; fortalecimiento de atribuciones para docentes y equipos directivos; medidas como interrupción de clases, identificación facial y vínculos con el Sistema de Admisión Escolar (SAE); y la eventual inhabilitación de la gratuidad. No obstante, estos elementos no constituyen obligaciones para los establecimientos educacionales. Más bien, la normativa promueve orientaciones como la actualización de reglamentos internos, la activación de planes de gestión de la convivencia y el fortalecimiento de enfoques formativos y reparatorios. Una mirada integral del fenómeno Durante el webinar, Fernanda Ramírez fue la primera en intervenir, enfatizando que la violencia escolar debe comprenderse como una espiral que afecta profundamente las trayectorias de vida de los estudiantes. Según datos de la UNESCO, uno de cada tres estudiantes en Chile ha sido víctima de violencia, mientras que las denuncias ante la Superintendencia han aumentado en el último año. La académica explicó que este fenómeno genera un efecto dominó, con consecuencias que impactan negativamente en indicadores como el ausentismo, la repitencia y la continuidad de estudios. Frente a esto, hizo un llamado a evitar que estas consecuencias marquen de forma permanente las trayectorias personales y educativas, subrayando la importancia de un monitoreo constante, tanto psicológico como académico. Por su parte, Ingrid Olea destacó la necesidad de basar las medidas en diagnósticos locales de las comunidades educativas, de modo de asegurar su legitimidad y efectividad. Asimismo, enfatizó que la ley contempla tanto disposiciones obligatorias como opcionales, lo que permite una implementación flexible según las capacidades de cada establecimiento. Finalmente, Francisco Silva, director de un colegio con un 94% de vulnerabilidad, advirtió que, pese a las intenciones de la normativa, su implementación se ve dificultada por la falta de financiamiento. Frente a este escenario, llamó a fortalecer el trabajo conjunto con los equipos de convivencia escolar y las familias, destacando el rol de los apoderados en la promoción de valores dentro de las comunidades educativas.
